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El Ministerio de Fomento deberá elevar en el plazo de un mes un informe al Consejo de Ministros que aporte una radiografía exacta de todos los organismos, entes y empresas públicas a él adscritos para tomar una decisión en torno a su futuro en el marco de las medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda para la reestructuración del sector público.

Según informó el jueves al término de la reunión del Consejo de Ministros la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno tiene previsto acometer una reforma del conglomerado empresarial del sector público en aras a contribuir a la reducción del déficit.
De acuerdo con el informe presentado el jueves por el ministro de Hacienda, en estos momentos más de 4.000 empresas, fundaciones, consorcios u organismos públicos dependen del conjunto de las administraciones públicas, una cifra que se considera necesario optimizar.
Por ello, el Gobierno tiene previsto convocar próximamente el Consejo de Política Fiscal con el fin de plantear a las comunidades autónomas la necesaria reducción de este conglomerado, bajo los parámetros ya aprobados en el año 2010 y que indicaban la reducción de un total de 515 entidades públicas.

Nuevas circunstancias

Según Sáenz de Santamaría, ese objetivo sólo se ha cumplido en un 13%, por lo que se demandará su cumplimiento al tiempo que se adaptará a las nuevas circunstancias.
Paralelamente, el Gobierno, en lo que respecta estrictamente a la Administración General del Estado, va a comenzar ya a trabajar para acometer una reducción de las entidades de él dependientes.
En este sentido, la vicepresidenta anunció que se ha dado un plazo de un mes a los distintos ministerios para que eleven un informe “completo y exhaustivo” sobre la situación patrimonial, laboral y de retribuciones de altos directivos de los distintos entes públicos adscritos, con el fin de a la mayor brevedad posible tomar una decisión sobre su “mantenimiento, fusión, traspaso de actividad o enajenación”.
Sáenz de Santamaría precisó que los tres ministerios más afectados, por el número de organismos dependientes son “Hacienda, Economía y Fomento”.
No hay que olvidar que dentro de la categoría de empresas u organismos públicos se englobarían entidades adscritas al Ministerio de Fomento como AENA, Renfe Operadora, ADIF, INECO o el Organismo Público Puertos del Estado, así como las empresas y entidades participadas a su vez por estos organismos.

Castilla y León

Quien dio ejemplo el jueves en la racionalización de organismos públicos fue el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que aprobó la integración funcional del sector público empresarial y fundacional adscrito a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, compuesto por la empresa pública Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (PROVILSA), la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL) y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. A partir de ahora, estas entidades operarán bajo la denominación Infraestructuras y Servicios de Castilla y León (INSCYL).
Con esta medida se busca racionalizar y simplificar la estructura del sector público, optimizar y unificar la gestión económica y coordinar las distintas áreas de actuación, logrando una mayor eficiencia en las actuaciones del sector público dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
La Junta ha acordado la modificación de los estatutos por los que se rigen, tanto las dos sociedades públicas como la fundación, suprimiendo las retribuciones que, por razón de su cargo, pudieran tener asignadas miembros de los consejos de administración, patronos, miembros de la Comisión Ejecutiva y demás.